Para comenzar quisiera advertir que, salvo por lo que se ha publicado en diversos medios de comunicación, no conocemos los hechos en torno al reciente caso Cemex Colombia, ni sus políticas internas y que esto es posiblemente lo más importante. Esta columna no pretende hacer ningún comentario al respecto. Más aún, lamentamos lo sucedido y esperamos que logren superar cuanto antes este incidente.
 
Sin embargo la noticia publicada en días pasados sobre el caso de Cemex nos hace reflexionar una vez más, como lo hemos hecho en tantas ocasiones, en publicaciones, foros, seminarios y eventos, sobre la trascendental importancia de tener un sistema de cumplimiento que abarque los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y fraude.
 
Consideramos fundamental la implementación de un buen sistema de cumplimiento, en el que se implementen mecanismos efectivos de “análisis de riesgo”, en el que la alta administración tome en serio el análisis y determinación del “apetito de riesgo” de la compañía y adopte los mecanismos efectivos para eliminar, mitigar, cubrir o asegurar los riesgos; un sistema adecuado en el que la administración se tome en serio y con responsabilidad la obligación de evaluar el sistema de control de riesgos para garantizar que aún es eficaz y adecuado; en el que se entienda qué significa y cómo se hace un eficiente trabajo de monitoreo continuo y sistemático. En fin, un sistema diseñado a la medida por expertos en la materia que saben lo que hacen y cómo lo hacen.
 
Vemos con gran preocupación la aparición en el mercado de un número muy importante de oferentes de servicios que dicen implementar sistemas de cumplimiento y por el análisis que hemos hecho de sus ofertas, mucho nos tememos que su trabajo se limita a la adopción masiva de ciertos documentos y la adopción de ciertas políticas generales (códigos de ética o de gobierno corporativo, manuales, entre otros) sin entender realmente las implicaciones tan inmensas de su responsabilidad.
 
Pero el problema de mercado no está sólo en la existencia de algunos de dichos oferentes de servicios sino en quienes deciden contratarlos. Pocas veces en mi ejercicio profesional había podido aplicar el conocido refrán popular de “lo barato sale caro”. Los gestores y administradores de las compañías deberán comenzar por entender el problema y que se trata de un tema muy relevante para el éxito y supervivencia de su negocio.
 
Deberán cambiar la visión obtusa de contratar a alguien para cumplir con la norma con lo cual entre más barato mejor. Entender que el inadecuado diseño o implementación de un sistema de cumplimiento es su directa responsabilidad y no de quien se ha ofrecido a implementarlo; entender que no podrán alegar en el futuro, cuando su compañía esté sometida al doloroso proceso de afrontar un acto asociado con el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción o el fraude, que contrataron a un “experto” si no hicieron la debida diligencia para contratar a la persona correcta.
 
Entender que a cada peso que “gastaron” debe sumársele el costo de someter a la administración al difícil proceso de implementación (que solo vale la pena cuando es para hacerlo bien) y que todo ello se fue por el sifón. Finalmente entender, y entenderlo muy bien, que así como le pasó a Cemex puede pasarle a cualquier compañía, como le ha pasado a muchas que conocemos y cuyos dramas sufrimos con ellas.